Arauca

Procuraduría y Asocapitales lideran talleres de ordenamiento territorial para alcaldes y secretarios de Planeación y Ambiente de las ciudades capitales

La apertura de las sesiones denominada ‘Determinantes ambientales del ordenamiento territorial’ se realizará este jueves 11 de febrero entre 9:00 a. m. y 11:30 a. m.
La Procuraduría General de la Nación y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) liderarán el ciclo de talleres ‘Diálogos Territoriales: dimensión ambiental en el ordenamiento territorial de las ciudades capitales’, en los que se expondrán las causas y consecuencias de la desactualización de los POT (Plan de Ordenamiento Territorial) de las ciudades capitales.
La apertura de las sesiones denominada ‘Determinantes ambientales del ordenamiento territorial’ se realizará el próximo 11 de febrero, y contará con la participación de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, la directora de Asocapitales, Luz María Zapata, y representantes de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Vivienda, Ciudad y Territorio, de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) y demás entidades ambientales de los territorios .
Los talleres estarán dirigidos a alcaldes y secretarios de Planeación y Ambiente de las ciudades capitales, autoridades ambientales, y ciudadanos interesados en temas de ordenamiento territorial a través de la cuenta oficial de YouTube de la Procuraduría General. العاب تجني منها المال
Estos espacios de capacitación se realizarán en desarrollo de un Convenio de Cooperación entre la Procuraduría y Asocapitales, buscan promover la estricta aplicación de la legislación agraria, ambiental y de gestión del riesgo, en lo referente al ordenamiento territorial en sus componentes de protección del suelo rural, sostenibilidad medioambiental y gestión del riesgo de desastres.
En desarrollo del convenio las entidades evidenciaron que 15 de las ciudades capitales no cuentan con su Plan de Ordenamiento Territorial vigente, debido a la falta de capacidad técnica y desarticulación entre autoridades gubernamentales y ambientales, y a los débiles canales de comunicación y participación de la ciudadanía en la implementación y adopción de la gestión del riesgo en el diseño de las determinantes ambientales de los POT.

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