Los proyectos sumados entre sí, representarían una inversión que superan los $12 mil millones de pesos, una situación que generó la polémica entre algunos diputados que integran la Asamblea departamental de Arauca.
La situación se dio en el primer debate al proyecto de ordenanza que busca una adición al presupuesto del departamento para la vigencia fiscal entre el primero de enero y 31 de diciembre de 2021, donde los integrantes de la duma regional se preguntaron cómo se priorizaron dichos recursos para estas obras.
Lo que verdaderamente generó la polémica entre los asambleístas es el proyecto denominado “Turismo con futuro por $2 mil millones de pesos para el denominado y cuestionado Ecoparque Turístico en el municipio de Tame al que se le sigue invirtiendo millonarias partidas y aún no se tiene nada específico.
El otro proyecto que generó enfrentamientos y cuestionamientos entre los asistentes es el denominado “Red vial regional” en el municipio de Puerto Rondón por . كازينو ٨٨٨ 500 millones de pesos, lo que significa que de asegurarse la aprobación, esto representaría el 45% de los recursos de esta ordenanza.
Se dijo que de este presupuesto, $2.600 millones de pesos estarán destinados para gastos de funcionamiento de la gobernación de Arauca y el Instituto de Tránsito y Transporte, mientras que los $10 mil restantes serán distribuidos así:
La Secretaría General y Desarrollo Institucional recibirá $850 millones de pesos. El Instituto del Deporte y la Recreación Inder $2.325 millones de pesos; mientras que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario recibirá $350 millones de pesos.
Para los próximos días se espera que los funcionarios involucrados en estos temas sean llamados por los diputados para que expliquen y sustentes la asignación de recurso en estas partidas para estos proyectos viales y turísticos que tienen mucho qué decir y que han recibido las críticas porque son obras sin terminar que han recibido millones de recursos que incluso tienen al ex gobernador Julio Enrique Acosta Bernal en la cárcel.
Los hechos de este caso se remontan al año 2006 cuando el exfuncionario firmó un contrato con el consorcio ECO-PARK, para la construcción de la primera etapa del parque histórico y ecoturístico “Los Libertadores”, en el municipio de Tame, por más de $3.800 millones. Aunque el proyecto resultaba pintoresco para la comunidad, la investigación reveló que el contrato fue celebrado sin que existieran planos arquitectónicos, constructivos, estructurales, ni de manejo ambiental. Además, durante su ejecución se modificó el objeto del contrato y hubo incumplimientos por parte del contratista sin que el gobernador tomara medida alguna para controlar la situación. بوكر اون لاين حقيقي
Por el contrario, Acosta le dio el visto bueno a la suspensión del contrato, suscribió prórrogas y adicionó recursos. Estos hechos salieron a la luz y la Fiscalía emprendió un proceso judicial en contra del entonces Gobernador. طريقة الربح في الروليت El caso terminó en manos de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que condenó al exfuncionario el pasado 8 de noviembre de 2017 como autor responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y coautor de peculado por apropiación. El exgobernador fue enviado a prisión pues la alta corte negó la suspensión condicional de la ejecución de pena y la prisión domiciliaria.
Sin embargo, cumplidas las tres quintas partes de la condena, la defensa de Acosta le pidió al Juzgado 27 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá que concediera la libertad condicional en favor de su cliente. Pero la respuesta no fue favorable. El 20 de octubre de 2020, el despacho resolvió el asunto y le negó la medida al exgobernador argumentando que, a pesar de acreditarse las tres quintas partes de la condena y de observar buena conducta en el centro de reclusión, la evaluación acerca de la gravedad del delito que cometió Acosta impidieron que se le otorgara dicho beneficio.
Además, “la deliberada y consciente afectación al bien jurídico de la administración pública, tratándose de un concurso de delitos de peculado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales; el haber favorecido intereses particulares a través de las múltiples irregularidades advertidas en el contrato que fue materia del proceso, que derivó en el apoderamiento de la suma de $864.019.838.37 y el desmedro a la imagen de la administración pública y a la credibilidad que debe existir en el conglomerado social respecto de sus gobernantes”, puntualizó la Sala de Casación Penal.
