Más de 15 mil personas están en inminente riesgo en Arauca con esta Alerta Temprano que ha lanzado la Defensoría del Pueblo y que obligó al gobierno nacional a poner su mirada en la capital del departamento de Arauca para conocer esta situación y acordar unas primeras medidas que se evaluarán en 90 días aproximadamente según lo dicho por el Viceministro del Interior, Juan Pablo Díaz-Granados Pinedo, quien estuvo este jueves en Arauca.
Ese riesgo fue medido por el ministerio público que especificó esa población que están referenciados de la siguiente manera: residentes en los barrios de las Comuna 1 que comprenden (Libertadores, Miramar, 20 de Julio y Cabañas del Río, donde se encuentra ubicado el asentamiento humano informal Cancha los Güires).
La Comuna 2 integrada por los barrios (San Luis, Santafé y Santafecito), Comuna 3 (Guarataros, Corocoras, El Porvenir, El Triunfo, Primero de Enero, 12 de octubre y Pedro Nel Jiménez) y Comuna 5 (Fundadores, La Granja y Flor de mi Llano, como también los asentamientos humanos informales Villa Isabela, Bello Horizonte, San Vicente de Paúl, Jerusalén, El Recreo y Brisas del Puente, y las veredas Monserrate, Clarinetero, Playitas, Gabananes I y II, Mate Candela y Barrancones del municipio de Arauca).
Según el estudio de la Defensoría del Pueblo, allí se ha evidenciado el incremento de las acciones violentas de los grupos al margen de la ley como el ELN y la facción disidente de las antiguas FARC-EP, hoy Frentes 28 y Décimo Martín Villa, que han venido adelantando graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Los actores armados han iniciado una escalada de ataques contra la Fuerza Pública y también contra algunos sectores de la población civil, ocasionando graves hechos victimizantes, expresados en ataques armados teniendo como escudos a la población civil, homicidios selectivos, secuestros y/o desapariciones forzadas, reclutamientos forzados, extorsiones y amenazas. Estas acciones violentas amenazan con incrementarse en este 2021, explica el ministerio público.
Se identifican además en esta alerta las poblacionales más afectados que han sido blanco de los grupos al margen de la ley como son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, las mujeres, la población migrante venezolana, las personas socialmente estigmatizadas (a los que acusan de ser comercializadores o consumidores de sustancias psicoactivas o también las que cometen delitos menores o contravenciones), las personas vinculadas a liderazgos sociales y comunales, personas defensoras de derechos humanos, líderes políticos o exmandatarios y sus familias, y algunos miembros de la población LGBTI o con orientación sexual e identidad de género diversa.
Tanto la guerrilla de las disidencias de las Farc, como del Eln están sacando provecho a las condiciones fronterizas del territorio araucano que limita con el Estado Apure venezolano a través del cauce del río Arauca, para sacar ventajas del factor sorpresa cuando realizan incursiones o ataques contra la Fuerza Pública o contra personas de la población civil. Esta ubicación también les facilita ocultar sus unidades o comandos ante la reacción de las autoridades colombianas, todo ello como estrategia para satisfacer su interés de imponer y mantener el dominio poblacional en el territorio.
En la actualidad, las acciones violentas de los actores armados están marcadas en las zonas periféricas de la ciudad de Arauca, donde los residentes conviven en altas condiciones de vulnerabilidad ambiental y precariedad socioeconómica, son áreas que precisamente coinciden con puntos de acceso al río lo que facilita el movimiento de los actores armados a ambos lados de la frontera, donde algunos de los barrios y asentamientos humanos informales de las comunas 1, 2, 3 y 5 del municipio de Arauca, están focalizados en esta Alerta Temprana y se encuentran sobre esta franja limítrofe.
Allí en estos sectores, marginales de la ciudad se facilitan para el ocultamiento de milicianos y combatientes del ELN y de las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP, para su actividad de vigilancia, control social y extorsiones. Asimismo, dichas condiciones sociales de pobreza han sido acrecentadas por la pandemia del COVID-19, las cuales, ante la débil respuesta institucional para garantizar la provisión de servicios públicos y demás derechos sociales de la población que reside en estos 4 sectores son aprovechadas por los grupos ilegales para utilizar el territorio como corredor de movilidad, ocultamiento de sus miembros, la realización de actividades ilícitas como es el contrabando (armas, narcotráfico y combustibles), el aprovisionamiento, la movilidad y zona de descanso. Adicionalmente, estos asentamientos periféricos de la ciudad, y aledaños a la franja fronteriza, ofrecen ventajas geográficas para ejercer labores de vigilancia de los movimientos de la Fuerza Pública, particularmente de la Armada Nacional.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo observa con preocupación cómo a partir de diciembre de 2020 y hasta febrero de 2021, se han realizado varias acciones violentas por parte de estructuras armadas ilegales del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Frente Décimo de las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP en la jurisdicción del municipio de Arauca.
Los hechos violentos ejecutados por estos grupos al margen de la ley configuran graves afectaciones contra la vida, integridad y libertad personal de sus habitantes, los cuales se expresan en homicidios selectivos, secuestros y/o retenciones, extorsiones, amenazas y atentados contra la Fuerza Pública y sus instalaciones, con interposición de la población civil.
Los hechos registrados hasta ahora, permiten concluir que los avances y operaciones que adelantan las autoridades de Policía, Ejército y Armada Nacional en la ribera del río Arauca que sirve de límite internacional con Venezuela, tanto de control de migrantes, decomiso de mercancías de contrabando, captura de miembros de las organizaciones armadas, patrullajes y demás operativos de vigilancia y control, los grupos subversivos, en retaliación, han desatado una nueva oleada de ataques contra la Fuerza Pública y contra personas que consideran no cumplen las imposiciones que han establecido en los sectores urbanos y rurales, como es el relacionado con el consumo y expendio de sustancias psicoactivas, los delitos y contravenciones que generan malestar social en los habitantes.
