Arauca

Fue asegurado presunto jefe de finanzas de las disidencias del frente 28 de las Farc con operación en Arauca, Boyacá y Casanare

El procesado sería el encargado de administrar los recursos obtenidos de los hechos delictivos realizados por el grupo al margen de la ley en Arauca, Boyacá y Casanare.
Tras dos años de investigación y gracias al trabajo articulado entre la Seccional Boyacá de la Fiscalía y el Grupo Gaula Élite de la Dirección Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional fue posible judicializar a Duberley Chicué Marín, alias “Diego Ramírez” o “Dúber”.


Este hombre es considerado como el presunto jefe de finanzas de las disidencias del Frente 28 José María Córdoba de las extintas Farc. Chicué Marín quien, al parecer, participó en varios hechos delictivos en Arauca, Boyacá y Casanare fue imputado como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación, porte de armas de fuego y extorsión. Ninguno de los cargos fue aceptado por el procesado.

El Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) con función de control de garantías impuso contra el procesado medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención en el Centro Carcelario de Máxima Seguridad de Palogordo en Girón Santander.

Otros judicializados En el marco de esta investigación, en septiembre de 2020 fueron judicializados cuatro, supuestos integrantes de este grupo armado organizado residual. Se trata de dos hombres y dos mujeres quienes, al parecer, eran los encargados de conseguir información de contratistas, comerciantes, agricultores, transportadores y personajes políticos de la región conocida como ABC, como siglas al parecer usadas por el grupo delincuencial para referirse a Arauca, Boyacá y Casanare.


Dicha información, se presume, era entregada a Omar Pardo Galeano, alias Antonio Medina, supuesto jefe del Grupo Armado Organizado GAOR-r28, y que según inteligencia delinque desde el extranjero.

Las víctimas de los implicados serían dirigentes locales, contratistas y agricultores quienes eran obligados a pagar extorsiones para evitar se hostigados o asesinados.

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