La mayoría de capturados por las autoridades hacen parte de la asociación campesina de Arauca – ACA-

La misma Asociación Campesina de Arauca – ACA-, en un comunicado a la opinión pública dio a conocer al departamento de Arauca, la opinión nacional e internacional la captura masiva de personas registrada desde las primeras horas de la madrugada de este jueves 27 de mayo, donde figuran sus integrantes, así como concejales, funcionarios públicos y líderes sociales.

La acción de la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación CTI y el Ejército Nacional con estas capturas la catalogó en la comunicación la Asociación Campesina de Arauca ACA como un falso positivo estas detenciones, ilegales impuestas contra los líderes y lideresas.

Entre los capturados se relaciona a Anderson Rodríguez Rodríguez, presidente de la Asociación ACA; Jhon Alexander Romero, Vicepresidente y Secretario de Derechos Humanos de la misma agremiación.

Igualmente figura, Camilo Espinel, Secretario de Educación de la Asociación y concejal del municipio de Saravena; Freddy Camargo, concejal del municipio de Fortul y coordinador del Comité Técnico de ACA; Danilo Huertas, líder de la comunidad LGBTI del municipio de Saravena; Alexander Botía Amaya; Secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible del departamento de Arauca; Ruth Pitta, concejal del municipio de Fortul y asociada a ACA.

En esta misma relación se incluye a Diana Molina, de la Mesa de Víctimas del municipio de Saravena, como Nini Johana Cardozo Dueñas, miembro de la Mesa de Víctimas de Arauca, capturada en un hotel de la ciudad de Bogotá.

Con el paso de las horas, se conoció la privativa de la libertad de Helber Alonso Ramírez Castro, de profesión Contador Público, encargado del peritaje en el Banco Agrario de Colombia en Saravena.

Agrega la comunicación de ACA, que en la actualidad se encuentra con quebrantos de salud el presidente de la agremiación, Anderson Rodríguez Rodríguez, argumentando que estas detenciones de los líderes en el departamento de Arauca son parte de una estrategia del Estado colombiano para reprimir y acabar la movilización social y las voces críticas, dentro de la estigmatización y judicialización del movimiento social araucano y colombiano en el marco de los montajes de falsos positivos judiciales ampliamente conocidos.